Encontrándonos a puertas de realizar el primer proceso de consulta previa en el Perú, resulta imprescindible desde los sectores de la sociedad civil realizar el debate, la discusión y los aportes que requiere este proceso, ya que éste marcará la pauta para los futuras consultas, por lo que nuestro Estado y el gobierno deben realizar las revisiones y los ajustes que el mismo requiera, ya que se debe garantizar que los intereses del Estado de contar con los recursos necesarios para la ejecución de sus distintos planes, programas y proyectos sociales sean viables y ejecutables, así como los intereses de la población local de un progreso y desarrollo digno coexistente con un medio o hábitat adecuado para dicho desarrollo se defiendan y se respeten y por ultimo los intereses de las empresas inversoras sean respetados y estas respeten a la sociedad y las leyes y costumbres de donde van a desarrollar sus actividades principales.

En ese sentido, consideramos que debe concluirse que el proceso de consulta previa es un proceso o mecanismo social de desarrollo y consecuencias muy delicadas.

Podemos equipararlo por cuestiones didácticas a la entrada de un paciente a un quirófano para una cirugía mayor. El primer paso para este procedimiento consiste en colocar al paciente en una condición estable, mientras tal situación no ocurra el paciente no ingresa al quirófano.

Desde el inicios del año 2000 (e incluso antes) y provenientes no solo de los organizaciones indígenas, de los organismos no gubernamentales, sino también de entidades estatales como el IIAP, el Gobierno Regional de Loreto, OSINERG, DIGESA entre otras, pusieron en evidencia la grave afectación al medio ambiente y a las personas principalmente integrantes de los Pueblos Urarina,