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¡Sólo queremos vivir en Paz!

¡Sólo queremos vivir en Paz!

Experiencias petroleras en territorios indígenas de la Amazonía peruana

INTRODUCCIÓN

En 1998 el Perú aún tiene ante sí la posibilidad de evitar o minimizar los serios daños que acarrearían los impactos negativos sobre los pueblos indígenas y el ambiente amazónico derivados de las actividades petrole­ ras. Su ciudadanía y sus autoridades aún están a tiempo de actuar con la responsabilidad y sensibilidad necesarias para exigir a las empresas el uso de las mejores prácticas y la aplicación de la más avanzada tecnolo­ gía para garantizar la vida y el futuro de la vida en los bosques.

La Amazonía peruana cuenta con una superficie total aproximada de 75 millones de hectáreas y ocupa aproximadamente el 61 % del territorio nacional, el 13,2% de toda la Amazonía y el 7,3% del total de los bos­ques húmedos del planeta. Su riqueza en biodiversidad está reconocida como una de las mayores en el mundo, siendo uno de los últimos refugios planetarios de muchas especies de flora y fauna en peligro de extinción. Sus bosques aportan a nuestro contaminado planeta una buena parte del aire limpio, y son los sumideros naturales de CO, que contribuye a mitigar el calentamiento de la tierra y el consecuente cambio climático.

La Amazonía peruana es también el hogar de 64 pueblos indígenas, parte de la diversidad cultural que aún sobrevive en nuestro país, cuyo reconocimiento y protección es actualmente un mandato de la vigente Constitución de 1993. Son pueblos portadores de un sabio y amplio conocimiento sobre el ambiente amazónico, el uso de los recursos del bosque y el buen trato a la naturaleza, heredado como parte de su cultura trasmitida de manera oral y que proviene de muchos siglos antes de la formación del propio Estado.

Sin embargo, la mayor parte de las intervenciones de la sociedad no­ indígena y de las empresas nacionales o transnacionales en los bosques amazónicos ha contado con un marco muy flexible para la apropiación y extracción intensiva de los recursos naturales y con consecuencias graves o devastadoras para los pueblos amazónicos. Esa es la historia del cau­cho, la madera, el barbasco, el palo de rosa, el oro, la comercialización masiva de la flora y fauna silvestre, una historia que ha ido en dirección contraria al futuro y en desmedro de la calidad de vida de la humanidad en general y el hombre amazónico en particular.

Por lo que toca a los hidrocarburos, al impulso de la política de incen­tivos a las inversiones privadas le ha seguido desde 1993 una nueva e intensa etapa de exploración petrolera, con el énfasis puesto en las tierras amazónicas. Prácticamente toda la Amazonía ha sido lotizada para ponerla a disposición de la exploración y explotación de hidrocarburos. En lo que ha sido calificado como un »boom«, muchas de las transnacio­nales petroleras más importantes del mundo como Shell, Occidental, Mobil, ELF, ARCO, Chevron, Exxon y otras, compiten y se asocian para obtener las concesiones. A marzo de 1998, se habían otorgado 34 lotes en la Amazonía, equivalentes a más de 21 millones de hectáreas de bosques, para la exploración y explotación petrolera.

Las autoridades nacionales han destacado este auge de contratos que se han suscrito o están por firmarse con inversionistas nacionales y extran­ jeros, indicando que la gran atracción que ejerce actualmente el sector petrolero sobre los inversionistas foráneos deriva fundamentalmente de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos promulgada por el Presidente Fujimori en agosto 1993 que promueve el desarrollo de las actividades de hidrocarburos sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. Los lotes son otorgados en plazos que van desde los treinta años para yacimientos de petróleo y cuarenta años para gas natural, y de acuerdo a los contratos el contratista podrá ser propietario de los hidrocarburos extraídos.

Los importantes yacimientos petroleros descubiertos en tierras indíge­nas de la Amazonía norte peruana durante la década de 1970, contribuyen de manera significativa y hasta la fecha, al presupuesto y al consumo nacional de energía, pero son muy pocas e incompletas las eva­ luaciones ambientales realizadas sobre estas actividades. Sin embargo, se cuenta con evidencia suficiente para asegurar que son graves los niveles producidos de contaminación del agua, los suelos, el aire, la fauna y la flora, y de que se ha actuado sin sensibilidad hacia la vida de la población indígena que habita en esta área.

En efecto, todos somos perjudicados, pero quienes lo sienten diaria­mente y son los principales perjudicados son los pueblos indígenas, pri­migenios pobladores de estas tierras. Al recorrer el triste listado de los distritos del país considerados de extrema pobreza encontramos todos aquellos de los que se extrae el petróleo. Contaminación e impacto social que premian el dudoso privilegio del país de estar sentado sobre un banco de oro.

La legislación nacional sobre pueblos indígenas se orienta por la Reso­ lución Legislativa Nº 26253 que prescribe la debida información, parti­ cipación y consulta a los pueblos indígenas en cuyos territorios se pla­neen desarrollar proyectos para el aprovechamiento de los recursos del subsuelo pero, al menos hasta fechas muy recientes, esos preceptos eran letra muerta y no entraban en las cuentas de nadie.

El Código del Medio Ambiente, que nació como norma pionera y a la vanguardia de la legislación sobre esta materia en el continente, ha sido recortado y mediatizado. Junto a las amplias facilidades para el desa­rrollo de las actividades petroleras no se ha implementado el aparato institucional necesario para el control y la evaluación de las consecuen­ cias contaminantes de la industria. Si bien el Reglamento para la Protec­ ción Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos exige la presenta­ ción de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y un correspondiente Plan de Manejo Ambiental de las actividades que desarrollen las empresas petroleras en la concesión, lo cierto es que no se cuenta con mecanismos para su efectivo control y supervisión en el terreno.

La mayoría de las concesiones petroleras se superponen a las tierras de los pueblos indígenas. Estos pueblos, descendientes de los milenarios ocupantes de la Amazonía, han constituido modernas organizaciones de representación que realizan un arduo trabajo para lograr insertar el respeto a sus derechos en el marco de un país de raíz multicultural y plu­ riétnica. Estas organizaciones se encuentran en proceso de consolidación de sus instituciones, afrontando diversas dificultades, principalmente asumiendo el gran esfuerzo que significa planificar y coordinar acciones entre mas de 50 organizaciones de pueblos indígenas que habitan en todos los rincones del vasto territorio que comprende la Amazonía pe­ ruana. Este reto que lleva dos décadas y media está logrando un conside­ rable éxito en la apertura de espacios de interlocución con la sociedad nacional así como en el proceso de definición de sus principales reivin­ dicaciones, plasmadas en una agenda que responde auténticamente a los intereses de las comunidades, afirmando la vigencia de su cultura y la firme convicción de lograr su permanencia en el tiempo, planteando pro­ puestas que concretan su propia visión del desarrollo. Cuentan con instancias organizativas internacionales que contribuyen a fortalecer su posición en la escena mundial y a afianzar la comunicación con la sociedad global.

Desde sus primeros años, ­hace mas de 20­, las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana, lideradas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, (AIDESEP), han priorizado la atención al reconocimiento legal de sus derechos territoriales, impulsando pro­cesos de titulación de comunidades, hasta lograr titular actualmente mas de 4 millones de hectáreas. El territorio es parte de su existencia misma y la seguridad sobre ella les mantiene viva la esperanza de seguir siendo

Sin embargo, una vez más en su historia, estos territorios se ven per­ turbados. Habiéndoseles otorgado la propiedad superficiaria de sus tie­rras, no se les ha asegurado el control sobre su territorio y el uso pleno de sus recursos ya que se encuentran bajo condición. Frente a la visión integral de la cosmovisión indígena, la visión de la vida, la ley responde des­cuartizando la naturaleza, regulando por cada lado los derechos sobre las aguas, sobre los bosques, sobre los animales y sobre los recursos natura­ les y cada uno de sus componentes. El cielo, la tierra y las entrañas de la tierra tienen su ley. Es la visión del lucro.

El derecho del Estado sobre el subsuelo le permite otorgar concesiones para la exploración y explotación minera o petrolera, lo que autoriza a las empresas a moverse por las tierras indígenas, establecer sus servicios, perforar, extraer y transportar sus productos a través de ellas.

Para los pueblos indígenas, en el caso del petróleo, esta concesión no representa solamente un permiso para pasar libremente por sus tierras hacia el lugar donde se encuentra el yacimiento o la cesión de una pe­queña área para las labores de producción. Lamentablemente para ellos, son muchos los derechos de los que se ven despojados al introducirse las empresas, algunos tan fundamentales como la salud, el control autónomo de sus territorios ancestrales, el disfrute de la paz, tranquilidad y seguri­dad, su vida espiritual, el desarrollo de su cultura y de su identidad, su independencia, su alegría, su orgullo y el disfrute de sus recursos en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de una vida con cali­ dad humana. Y por supuesto, la dignidad(').

Es preciso equilibrar el entusiasmo nacional promovido por este »boom« de concesiones petroleras, que enfatiza su importancia económica y el carácter estratégico que le otorga el Estado (') con la conciencia de los innumerables efectos directos e indirectos que acarrean estas actividades sobre los bosques amazónicos, tanto porque es una de las industrias más contaminantes que operan en este frágil ecosistema y por la deficiente responsabilidad ambiental de algunas empresas y la falta de concretas medidas de control y supervisión de las normas por parte del Estado, como porque la Amazonia es el hogar milenario de los pueblos indígenas, con una inmensa riqueza de biodiversidad y sus consecuentes aportes a la medicina y a la seguridad alimentaria del planeta, y por la importancia mundial de los bosques para contrarrestar el calen­tamiento global de la tierra y sus consecuentes cambios climáticos.

La problemática de las actividades petroleras en la Amazonia gira actualmente en torno a tres ejes principales: los pueblos indígenas y otras poblaciones locales, el gobierno como administrador del patrimonio nacional y representante del pueblo peruano que incluye a los pueblos indígenas y las empresas. Cada uno de estos actores tiene normas que definen sus derechos y obligaciones. Pero estas normas, derechos y obligaciones no han sido cotejados en interacción de manera que los respectivos intereses puedan ser protegidos equilibradamente.

Sin esos mecanismos de coordinación, prácticos, efectivos y raciona­les, la balanza suele inclinarse hacia el que más puede, a pesar de que por sentido común y por principio, en todo conflicto de intereses debería asegurarse en primer lugar aquel interés que orienta y da sentido al pacto social: la protección de la vida y el respeto por la persona humana. En el Perú, la Constitución es clara al ubicar ese bien superior como la razón de la existencia del Estado y su protección es su más importante misión.

Las empresas petroleras, a quienes el gobierno peruano ha otorgado más de veinte millones de hectáreas de los bosques de la Nación y las más amplias facilidades técnicas, económicas y legales para el desarrollo de sus operaciones de exploración y explotación, deberían estar persuadidas de que estas tierras no son campos desiertos sino morada de seres­ vivientes. Y por ello, para poder actuar con beneficio en esta morada ajena y primorosamente conservada con el esfuerzo tenaz de muchas generaciones indígenas, primero deberían tocar la puerta, ser recibidos, actuar con las reglas de la más respetuosa cortesía, acomodarse a las instrucciones de quienes aceptan recibirles y compartir equitativamente los resultados. De tal forma que al salir, la morada quede limpia y sus moradores continúen viviendo en paz. Las empresas deben ser capaces, en fin, no sólo de preocuparse por su imagen pública, sino de rehacer su propia historia.

Por su parte las organizaciones indígenas han expresado que todo este desequilibrio ocasionado por las actividades petroleras en sus tierras puede convertirse en una amenaza de graves proporciones para su futuro y el del bosque amazónico, ya que muchos de estos procesos pueden ser irreversibles y llegan en el momento en que los pueblos indígenas creían haber asegurado el control de sus tierras y recursos a través de la protec­ción jurídica de sus títulos otorgados por el propio Estado. Sin embargo, están también convencidos de que aún estamos a tiempo de impedir que la Amazonía, el patrimonio de todos los peruanos y su territorio tradicio­nal, quede sin protección y para ello han dado los pasos necesarios para el establecimiento de un diálogo sereno y racional con los otros actores involucrados.

De la atención que se preste a su voz va a depender en gran medida el presente y el futuro de la Amazonía peruana y de sus pobladores, del patrimonio natural de la Nación puesto bajo responsabilidad de la custo­ dia del Estado y de la propia actividad petrolera.

Más arriba se dijo que eran tres los principales actores involucrados hoy en la problemática, y eso es cierto. Lo que pretende este libro es abrir el tema hacia un nuevo actor, la ciudadanía, para intentar motivarla a participar en un proceso que le afecta porque afecta a la diversidad biológica y cultural de la humanidad y de su país y, por supuesto, también a su economía...